Las mujeres con discapacidades físicas y sus derechos sexuales y reproductivos: Implicaciones para las políticas públicas
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Palabras clave

disability
gender
human rights
sexual rights
reproductive rights
citizenship discapacidad
género
derechos humanos
derechos sexuales
derechos reproductivos
ciudadanía

Cómo citar

Rodríguez León, Y. (2013). Las mujeres con discapacidades físicas y sus derechos sexuales y reproductivos: Implicaciones para las políticas públicas. AnálisiS, 14(1), 96-118. Recuperado a partir de https://revistas.upr.edu/index.php/analisis/article/view/13450

Resumen

Este trabajo tiene el propósito de promover el reconocimiento de que las mujeres con discapacidades físicas son sujetos de derechos, específicamente de derechos sexuales y de derechos reproductivos. Además, intereso problematizar el debate sobre la conveniencia e implicaciones de que las voces de las mujeres con discapacidades sean atendidas con políticas públicas y programas que impactan a la población de mujeres en general; o si, por el contrario, debe promoverse la creación de políticas públicas y programas específicos para ellas. El marco conceptual utilizado en este trabajo es el modelo social de la discapacidad, la perspectiva de género y la perspectiva de los derechos humanos. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres con discapacidades físicas han sido ignorados, históricamente. A este sector poblacional no se le reconoce la capacidad ni el derecho de tener una vida sexual activa y placentera; tampoco se le reconoce la maternidad como una opción. A estas mujeres se les concibe como seres inferiores y asexuales, lo que las hace enfrentar el discrimen que promueve y legitimiza las constantes violaciones de derechos que sufren, limitándose así su actividad ciudadana y la posibilidad de ejercer sus derechos. En Puerto Rico, el 20 por ciento de la población clasificada como femenina tiene alguna discapacidad, pero continúa siendo un sector marginal e invisible para el resto de la ciudadanía y esto incluye a los profesionales y a los hacedores de políticas públicas. Nuestro entorno es uno que asigna rangos de inferioridad al género y a la discapacidad.
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