Introducción

Los procesos de internacionalización empresarial llevan aparejados una serie de riesgos a tener en cuenta a fin de que dichos procesos se materialicen con éxito. Uno de los principales riesgos al que han de hacer frente las empresas multinacionales (EEMM) es el de orden político. Toda empresa que pretenda internacionalizarse debería realizar un análisis de riesgo político antes de dar este importante paso, ya que son muchos los recursos empleados en un proceso de internacionalización y el fracaso de este conllevaría automáticamente la no recuperación de los medios invertidos en dicho proceso. En muchas ocasiones, la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proceso de internacionalización depende de si previamente se ha elaborado o no un análisis detallado de la realidad política del país anfitrión (Bringas Nostti, 2013).

Hay dos formas de entender el riesgo político, esto es, en sentido neutral o en sentido negativo. Desde este último enfoque, el riesgo político se traduce en políticas gubernamentales y acciones sociales, originadas tanto dentro como fuera del país anfitrión, que impactan negativamente en los negocios de todas las EEMM o de las pertenecientes a algún sector en concreto. Por su parte, en un sentido neutral, el riesgo político no comporta únicamente una carga negativa, sino que se trata de las incertidumbres existentes en un país determinado, originadas por la inestabilidad social o política, susceptibles de impactar positiva o negativamente en los negocios de las EEMM. Es decir, en un sentido neutral, el riesgo político puede deparar tanto amenazas como oportunidades (Hernández, 2018).

Como se puede observar, ambas maneras de entender el riesgo político contemplan que este puede provenir tanto del interior como del exterior del país anfitrión, así como de diversos actores políticos y sociales. Esta concepción es totalmente coherente con una realidad que cualquier analista de riesgo político ha de tener en cuenta: la época de las grandes expropiaciones y nacionalizaciones pasó a la historia. Ahora el riesgo político es multidimensional. Sin embargo, ello no quiere decir que las decisiones y acciones de los gobiernos hayan pasado a un segundo plano en lo que a afectar los negocios empresariales se refiere, sino que esta afectación se produce en el día a día de la gestión gubernamental, no necesariamente en el conjunto del país anfitrión, sino en sus entes subestatales o grandes ciudades, a través de las políticas públicas. No es ninguna novedad que los resultados del análisis de riesgo político en determinados países mostrarían que, en estos, dicho riesgo es bajo, al tiempo que habría ciudades, regiones o estados dentro de los mismos en los que, si se realizase un análisis de riesgo político, el resultado sería muy distinto.

Es cierto que, a primera vista, cualquiera diría que la legislación del país anfitrión que más afecta a las EEMM es la del gobierno central. Sin embargo, en el quehacer diario, quizás sean las políticas públicas y decisiones de los gobiernos locales las que más impacten (ya sea positiva o negativamente) en la actividad de las empresas. Sea como fuere, independientemente del nivel del que se trate, una de las principales obligaciones de los gobiernos, con una gran incidencia en la actividad empresarial, es la seguridad pública. Cuando las políticas públicas de seguridad de un determinado gobierno no son efectivas, una de las consecuencias es la victimización empresarial. Cada año, las empresas asentadas en países con una alta incidencia delictiva pierden grandes sumas de dinero como consecuencia de delitos de diversa índole. Así, por ejemplo, en términos monetarios, en el año 2017, las pérdidas que soportaron las empresas asentadas en México por haber sido víctimas de uno o más delitos alcanzaron la cifra de 155.8 mil millones de pesos mexicanos (US$8,200,000) (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018).

En última instancia, la responsabilidad de que esto ocurra es de la incapacidad de los gobiernos de poner en marcha políticas de prevención y control del delito. Lo que quiere decir es que la actitud que tome un determinado gobierno ante un escenario de alta incidencia delictiva, vía políticas de control o prevención del delito, supone una fuente de riesgo político, ya que la victimización o no de las empresas dependerá en buena medida de dicha actitud. Las teorías acerca de los motivos por los que un individuo puede ser víctima de un delito también son susceptibles de adaptarse al caso de las empresas (Vilalta Perdomo & Fondevila, 2018). Teniendo esto en mente, la victimología podría dotar de pequeños aportes teóricos al riesgo político y así prever las circunstancias que hacen que unas empresas estén más expuestas al delito que otras y que en última instancia son consecuencia de la acción o inacción de los gobiernos en materia de seguridad, es decir, de las políticas públicas de seguridad. Además de avanzar en el intento de elaborar una teoría del riesgo político, cuyos obstáculos ha señalado ampliamente Simon (1984), el aporte que se pretende hacer puede ser útil para saber qué variables incluir a la hora de realizar un análisis de riesgo político en países con una alta incidencia delictiva y así poder hacer una gestión proactiva de dicho riesgo.

Los apartados de este trabajo se estructuran de la siguiente forma: en primer lugar, se expondrán las consecuencias que tienen unos elevados niveles de criminalidad sobre las empresas, así como las teorías propias de la victimología, haciendo hincapié en aquella que puede hacer un mayor aporte a la construcción de una teoría del riesgo político; a continuación, a modo de cierre, a base de lo expuesto en el apartado anterior, se realizará una propuesta teórica sobre cómo las EEMM pueden leer los efectos positivos o negativos que determinadas políticas públicas de seguridad pueden tener sobre sus actividades en el país anfitrión y así gestionar proactivamente el riesgo político. Además, se espera que las EEMM, sabiendo que las políticas públicas de seguridad del país anfitrión pueden suponer tanto oportunidades como amenazas, sean conscientes de que su articulación con el sector público y los distintos sectores sociales es esencial para lograr reducir los niveles de delincuencia existentes en determinadas ciudades.

Revisión teórico-empírica

En los distintos documentos consultados para la elaboración de un trabajo previo sobre el análisis de riesgo político y las formas de llevarlo a cabo no figuraban las políticas de seguridad pública como generadoras potenciales de este tipo de riesgo. Sin embargo, las pérdidas en las que incurren cada año miles de empresas alrededor del mundo (especialmente en África Subsahariana y Latinoamérica) como consecuencia del robo o el vandalismo dejan claro que las políticas públicas de seguridad, así como su ineficacia o su misma ausencia, constituyen un factor clave para los negocios de las EEMM (aunque no solo de estas). Tal y como señala Simon (1984), los distintos actores generadores de riesgo político también pueden contribuir a dicha generación de manera indirecta. Así, en este caso, una política pública de seguridad ineficaz o que no abordase los problemas existentes en una determinada sociedad sería una fuente de riesgo político indirecto.

Que el delito y la actividad criminal afectan a las empresas es algo que ha quedado demostrado en trabajos elaborados sobre distintos países. Por ejemplo, en el caso de México, análisis temporales (Torres Preciado et al., 2013) y espaciales (Torres Preciado et al., 2015) han encontrado la existencia de un efecto negativo de la actividad criminal sobre la demanda de inversión privada. Así mismo, para el caso de Italia, Daniele y Marani (2008), analizando el efecto del crimen organizado con una distribución regional de la inversión extranjera en el periodo 2004-2006, encuentran una relación inversa y significativa entre el crimen organizado y la inversión extranjera directa. La conclusión a la que llegan los autores es que los inversores extranjeros interpretan los elevados niveles de crimen como un clima de negocios poco favorable, especialmente en las regiones menos desarrolladas.

Sin embargo, ninguno de estos autores pone de relieve la responsabilidad que tienen los gobiernos en esa menor demanda de inversión extranjera por no orquestar políticas de seguridad que reduzcan al mínimo los niveles de criminalidad. Quizás, al objeto de ser justos, se deba a que no es ese el objetivo que persiguen con la elaboración de sus trabajos. No obstante, como se verá a continuación, los gobiernos son una fuente de riesgo político indirecto (recordemos, entendido en sentido neutral) a través de las políticas públicas de seguridad. Para desarrollar este argumento, antes se expondrá brevemente lo que dice la teoría sobre por qué unos individuos (aunque en este caso se aplica a las empresas) tienen mayores probabilidades que otros de ser victimizados.

Teorías victimológicas

Desde la victimología, ciencia que estudia a la víctima y su papel en el hecho delictivo, se han elaborado cinco teorías explicativas de las variaciones en las probabilidades de victimización por delito: (a) teoría del estilo de vida y exposición; (b) teoría de la actividad rutinaria; (c) teoría de la precipitación; (d) teoría crítica del conflicto; y (e) teoría de los lugares peligrosos. Estas teorías pueden clasificarse en teorías estructurales de la actividad criminal o macroteorías y teorías conductuales del comportamiento criminal o microteorías. Por su parte, las teorías que conectan ambos niveles se denominan mesoteorías (Vilalta Perdomo & Fondevila, 2018).

La teoría crítica del conflicto y la teoría de los lugares peligrosos son teorías macro porque sus explicaciones se centran en condiciones estructurales. En cambio, la teoría de la precipitación y la teoría del estilo de vida y exposición son teorías micro, ya que su intención es explicar los motivos por los que algunos individuos o empresas sufren más delitos que otras en función de sus comportamientos. Por otra parte, la teoría de las actividades rutinarias se trata de una teoría meso “porque analiza la operación de los comportamientos y las elecciones … de las víctimas y de los victimarios en relación o como resultado de la mediación de las condiciones ambientales de los lugares en donde sucede tal victimización” (Vilalta Perdomo & Fondevila, 2018, p. 507).

Como se verá a continuación, de todas las anteriores, la teoría de los lugares peligrosos es la que puede suponer un mayor aporte a la construcción de una teoría del riesgo político, por lo que se describirán sucintamente sus premisas y postulados. Mientras que la teoría crítica del conflicto y la teoría de la precipitación se refieren en mayor medida a la victimización de los individuos, la teoría de las actividades rutinarias y la teoría de estilos de vida y exposición están más relacionadas con el propio comportamiento empresarial, sobre el cual poco puede hacer el poder político. Así, se prescindirá de describir estas cuatro teorías y solo se centrará la atención en la teoría de los lugares peligrosos.

Según esta teoría, las rutinas y estilos de vida de las víctimas no son las que determinan o provocan su probabilidad de victimización, sino los niveles de desorden social existente en los lugares en los que residen los individuos o están asentadas las empresas. Así, en el desempeño de la actividad empresarial, la utilización de videocámaras, la realización de controles de entradas y salidas en almacenes o la introducción de cambios en los horarios de trabajo con el fin de tener una menor probabilidad de victimización serían medidas insuficientes si se adoptan en zonas de desorden social, según la teoría de los lugares peligrosos. Es decir, por encima de las características de las víctimas o su comportamiento (en este caso, de la empresa) lo que determina la probabilidad de victimización es el contexto local.

Siguiendo este orden de ideas, las probabilidades de victimización varían entre lugares, pues son las características de estos y no de la empresa las que explican su victimización. Pero, ¿cómo distinguir lugares peligrosos de los que no lo son? Para responder a esta pregunta se recurre a la teoría criminológica de la desorganización social (Bursik Jr., 1999; Sampson & Bryon Groves, 1989; Stark, 1987). Desde esta perspectiva teórica, un lugar peligroso se caracteriza por contar con una alta densidad demográfica, elevados niveles de pobreza y de desempleo, con usos de suelos mixtos,[1] residencia transitoria y alta movilidad residencial. Siguiendo esta teoría, cabría esperar una mayor prevalencia delictiva[2] y concentración[3] de delitos en los lugares que reuniesen esas características.

En lo que atañe al ámbito empresarial, las políticas de seguridad llevadas a cabo por los gobiernos en las zonas que reúnen esas características pueden incidir de forma indirecta en los beneficios empresariales presentes y futuros. Este será uno de los argumentos que se sostendrán en el apartado destinado a realizar la propuesta de incluir las políticas públicas de seguridad como una oportunidad o una amenaza para las EEMM. Sin embargo, antes se expondrá brevemente qué es una política pública y los tipos de políticas contra la violencia y la delincuencia para ver cómo cada una de ellas puede impactar indirectamente en la actividad empresarial.

Políticas públicas de seguridad

Una política pública puede tratarse del conjunto de actividades que, directamente o a través de agentes, llevan a cabo las instituciones de gobierno y tienen una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos (Peters, 1986). Tamayo Sáez, por su parte, aporta una definición más amplia y afirma que “las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios” (1997, p. 281). Además, hay autores que también han defendido la existencia de políticas de no acción y no decisión, por lo que una política pública también sería lo que un determinado gobierno decide hacer o no hacer (Dye, 1984). Así, tal y como se planteó anteriormente, las políticas públicas pueden suponer una fuente de riesgo político, entendido de manera neutral, es decir, son susceptibles de representar tanto oportunidades como amenazas para las EEMM. Si esto es cierto para el conjunto de políticas públicas, también lo es para las del ámbito de la seguridad y la prevención del delito.

Las políticas contra la violencia y la delincuencia pueden dividirse en dos grandes grupos: (a) por un lado, están las encaminadas al control de la violencia, a través de, por ejemplo, el aumento de efectivos policiales o de la capacidad de los centros penitenciarios; (b) por otro lado, también hay que destacar la existencia de acciones dirigidas a la prevención de la delincuencia y la violencia, cuya solución se enfoca más en el combate a la desigualdad, la pobreza, etc. (Fuentes Romero, 2003). Veamos la descripción de ambos tipos de políticas con algo más de detalle.

Las políticas de prevención del delito exigen adoptar medidas en los lugares en los que se encuentran las causas del problema, por lo que es importante determinar los factores responsables de la inseguridad y del delito. La prevención ha sido objeto de diferentes clasificaciones, destacando dos de ellas.

Una primera clasificación es la siguiente: (a) prevención estructural, que incluye acciones tendentes a reducir la desigualdad y la pobreza, a modificar el acceso al mercado de trabajo, etc.; (b) prevención social, que destaca la necesidad de actuar sobre los grupos de alto riesgo para que las probabilidades de convertirse en victimarios disminuyan; (c) prevención puntual, la cual se centra en un reducido número de factores de riesgo de la violencia; (d) prevención integral, que incide sobre un conjunto de factores de riesgo (Fuentes Romero, 2003); (e) prevención primaria, la cual consiste en intervenciones tendentes a prevenir la violencia antes de que ocurra; (f) prevención secundaria, es aquella que implica acciones cuyo objetivo es mitigar los efectos más inmediatos de la violencia; y (g) prevención terciaria, centrada en la atención a largo plazo, una vez que los actos violentos ya han ocurrido, y abarca la atención de rehabilitaciones e incluso reinserciones a la sociedad (Brantingham & Faust, 1976; Fuentes Romero, 2003).

La segunda clasificación de los tipos prevención se encuadra en lo que Solís Moreira (2018) denomina “nueva prevención”. Aquí se habla de prevención comunitaria, prevención situacional y prevención social (Carrión M., 2009; Nateras-González & Tinoco-García, 2016; Solís Moreira, 2018). La prevención comunitaria busca la rehabilitación en el territorio por medio de la participación y organización ciudadana comprometida con la convivencia pacífica y la seguridad, a través de la cultura de la solidaridad, las redes sociales y el fortalecimiento de la cohesión social. Por lo que se refiere a la prevención situacional, su propósito es actuar sobre el espacio público para modificarlo y tornarlo más seguro al objeto de disminuir las posibilidades de ocurrencia del delito y la violencia. Es decir, busca controlar la estructura de oportunidad del delito, actuando sobre los factores facilitadores del mismo. Esta prevención tiene que ver con un conjunto de medidas tendentes a reducir o eliminar los momentos y los espacios que propician el delito. Por último, la prevención social propone generar políticas redistributivas y compensatorias para abatir las inequidades y desigualdades sociales, evitando así que grupos en situación de desventaja o vulnerabilidad cometan delitos con el paso del tiempo. Desde este enfoque, la explicación de la acción criminal radica en la existencia de factores previos a su realización.

Por su parte, en lo que se refiere a las políticas de control, diversos estudios han demostrado que los impactos de ciertas medidas de este tipo de políticas son contraproducentes y conllevan a espirales de violencia (Fuentes Romero, 2003). Estas políticas, que se basan en anular la posible comisión de delitos, se pueden dividir en las siguientes: (a) acción policiaca, a través de, por ejemplo, una respuesta rápida a llamadas telefónicas de emergencia, mediante el patrullaje aleatorio, etc.; (b) acción legislativa, por medio del endurecimiento de ciertas penas, prohibiciones en la venta de alcohol y el porte de armas, etc.; y (c) acción penitenciaria, como pueden ser los programas de rehabilitación para disminuir la probabilidad de reincidencia de los reos.

Como se ha dicho, este último tipo de políticas, en muchas ocasiones, llegan a tener efectos contraproducentes. En este sentido, respecto a las políticas de control y represión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma lo siguiente:

Este tipo de políticas, en ausencia de una respuesta más integral respecto a las causas, en términos generales han probado ser inefectivas, han generado más violencia, agudizado otros problemas existentes (como la crisis carcelaria por sobrepoblación y la saturación del sector justicia), además de ser en muchas ocasiones vulneradoras de los derechos humanos y tener efectos contraproducentes para el Estado de Derecho. (2015, p.45)

Propuesta teórica: la necesidad de tener en cuenta las políticas públicas de seguridad en el análisis de riesgo político

Lo expuesto en los anteriores apartados constituye una base para la propuesta que se pretende lanzar en estas páginas. Atendiendo a la teoría de los lugares peligrosos, las causas por las que unas empresas tienen más probabilidades de ser victimizadas que otras son de carácter estructural. Por este motivo, los gobiernos, a través de las políticas públicas de seguridad, entendidas éstas de un modo integral, son los principales responsables de acabar con las condiciones que posibilitan la victimización empresarial. Por lo tanto, siguiendo esta idea, en lugares con alta incidencia delictiva (aunque no solo), las políticas públicas de seguridad son susceptibles de constituir oportunidades o amenazas para las EEMM, es decir, son fuentes de riesgo político. Este es el motivo por el cual convendría que las empresas y los analistas de riesgo tuviesen en cuenta las políticas públicas de seguridad en la valoración del riesgo político existente en un determinado territorio.

Pero, ¿cómo se materializa ese riesgo político?, ¿qué tipo de políticas son susceptibles de suponer una amenaza para la actividad empresarial?, ¿cuáles pueden representar oportunidades? En el caso de que una EM pretenda asentarse en un estado o ciudad con alta incidencia delictiva, ¿puede contribuir a mejorar la seguridad en articulación con los actores políticos y los sectores sociales y así hacer una gestión proactiva del riesgo político transformando amenazas en oportunidades? A continuación, estas preguntas irán quedando contestadas a medida que se vaya desarrollando la propuesta de tener en cuenta las políticas públicas de seguridad como fuentes de riesgo político.

En el anterior apartado ha quedado expuesta la teoría victimológica que mejor puede adaptarse a la explicación de por qué unas empresas tienen más probabilidades de ser víctimas de un delito que otras: la teoría de los lugares peligrosos. Anteriormente ya se han descrito sus postulados, ahora lo que interesa es explicitar su relación con las políticas públicas de seguridad, así como de estas con el riesgo político. En tanto que, según esa teoría, la probabilidad de que una empresa sea víctima de un delito aumenta en aquellos lugares caracterizados por el desorden social, cuyos rasgos son la existencia de desigualdad, pobreza, elevada densidad demográfica, niveles de desempleo altos, etc., las políticas públicas de seguridad que mejor ayudan a enfrentar esa situación son las de prevención.

Siguiendo este orden de ideas, las EEMM que pretendan asentarse en lugares con una elevada incidencia delictiva, además de analizar cómo el nivel de delincuencia podría afectar a sus actividades, deberían de examinar las políticas públicas de seguridad que se están implementando en el estado o la ciudad en cuestión al objeto de conocer si, al menos en el medio plazo, podrían revertirse las causas estructurales de la delincuencia. Así mismo, en tanto que los proyectos e inversiones empresariales suelen tener un plazo prolongado, convendría analizar las propuestas en materia de seguridad de los potenciales gobernantes futuros, ya que, en lugares con elevados niveles de violencia y delincuencia, un cambio drástico en la política de seguridad, especialmente si es hacia más mano dura, puede ocasionar unos niveles de violencia y delincuencia aún mayores (Antillano & Ávila, 2017; Cawley, 2013).

Así, en territorios con una alta incidencia delictiva, aplicar políticas de control y represión del delito podría suponer, muy probablemente, una amenaza para la actividad empresarial. Es decir, concibiendo el riesgo político desde un enfoque neutral, este tipo de políticas harían decantar la balanza hacia el lado negativo de este tipo de riesgo. En cambio, a falta de un testeo empírico, el argumento que defiende quien escribe estas páginas es que las políticas de prevención, en contraste con las de control, suponen una oportunidad para el desempeño empresarial. El motivo es el siguiente: en tanto que la teoría de los lugares peligrosos defiende que la probabilidad de que las empresas sean víctimas de un delito aumenta en los lugares caracterizados por contar con las causas estructurales que originan la violencia y la delincuencia, serán precisamente las políticas de prevención enfocadas en afrontar dichas causas las más idóneas para acabar con esas situaciones y, por tanto, reducir las probabilidades de victimización empresarial. En este sentido, este tipo de políticas decantarían la balanza hacia el lado positivo del riesgo político. Es decir, por encima de las características de las empresas y de las medidas que éstas empleen para evitar pérdidas por victimización, lo que determina la probabilidad de que esta ocurra es, sobre todo, la acción gubernamental y el propio contexto local.

No obstante, tal y como afirma Pascual i Esteve:

La complejidad de factores que influyen en la seguridad ciudadana en una ciudad o metrópoli, comporta que la intervención requiera, por una parte, una actuación transversal, en el sentido de que concurran diferentes políticas: educativa, sanitaria, urbanística, de bienestar social, y por otra la articulación de actores públicos y privados a diferentes niveles territoriales. (2011, p. 37)

Aunque este autor se refiere a la seguridad ciudadana y no a la seguridad pública, lo cierto es que la afirmación vale también para esta última. En la actualidad, las respuestas a los retos sobre seguridad requieren unas acciones concertadas multinivel (entre los distintos niveles de la administración pública), horizontales (entre la administración pública y las iniciativas empresariales y sociales) e integrales o transversales (que contemplen distintas dimensiones de las políticas territoriales: servicios sociales, sanidad, empleo, de policía, etc.). Así, en contextos con una alta incidencia delictiva, ante esta realidad y asumiendo este nuevo paradigma, las EEMM deben tener en cuenta dos aspectos centrales. En primer lugar, el tipo de políticas públicas de seguridad que se están llevando a cabo en el país o ente subestatal anfitrión en el que pretenden implantarse, a fin de examinar si dichas políticas pueden suponer oportunidades (si consiguen descender los niveles de delincuencia y, por tanto, la victimización empresarial) o amenazas (si la incidencia delictiva asciende y con ella lo hace la victimización empresarial) para sus negocios. En segundo lugar, han de tener en cuenta que su interacción con los agentes políticos y sociales es clave para la determinación de la seguridad (Pascual i Esteve, 2011).

Cómo citar este artículo:

Hernández Gutiérrez, J. C. (2020). La incidencia de las políticas públicas de seguridad sobre el riesgo político. Fórum Empresarial, 25(1), 105–121.

© 2020 Fórum Empresarial. Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution–NonCommercial 4.0 International (CC BY–NC 4.0).

Referencias

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Notas